El viernes pasado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (University of Washington Center for Human Rights, UW CHR) entabló una demanda contra la CIA en el Tribunal Federal de Distrito en Seattle. Alega que la agencia no ha satisfecho sus obligaciones dictadas por la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA). La intención del UW CHR es obtener documentos del gobierno de los EE.UU. relativos a la masacre de 1981 en Santa Cruz, El Salvador; esto es parte de la misión del centro de realizar investigaciones de apoyo a organizaciones de derechos humanos de primera línea en todo el mundo. Este año el UW CHR publicó el primer informe completo sobre la masacre, así como un documental de 18 minutos sobre los sobrevivientes y defensores de derechos humanos.
“Creemos que la CIA está ilícitamente reteniendo documentos sobre un comandante del operativo militar que ocasionó la masacre de Santa Cruz, y también expedientes sobre un ciudadano estadounidense que se vio envuelto en ese operativo”, dijo Angelina Snodgrass Godoy, Directora del UW CHR.
Desde 2013, UW CHR ha presentado más de doscientas solicitudes bajo FOIA relativas al conflicto de salvadoreño. Una de estas solicitudes se refiere a los expedientes de la CIA sobre el militar salvadoreño retirado Sigifredo Ochoa Pérez, comandante de un operativo de contrainsurgencia en 1981. Hay testigos que informan que en este operativo en Santa Cruz, estado de Cabañas, El Salvador, se masacró a decenas de civiles. La CIA respondió que, en virtud de asuntos de seguridad nacional, no podía “ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de archivos”.
Mina Manuchehri, estudiante de tercer año en la facultad de derecho de la UW e investigadora principal de FOIA para UW CHR, expresó que no le parece creíble la denegación de la solicitud por parte de la CIA. “La CIA ha desclasificado por lo menos 20 documentos relativos a Ochoa. ¿Por qué no nos dieron al menos copias de esos mismos documentos?”, pregunta. “No puede haber problemas de seguridad nacional para documentos que ya se han hecho públicos.” Manuchehri es codemandante en el litigio del UW CHR.
Algunos sobrevivientes de la masacre de Santa Cruz, así como expertos internacionales en derechos humanos, se encuentran esta semana en Seattle para “Access to Information as a Human Right (El acceso a la información como un derecho humano)”, una conferencia organizada por UW CHR. En la conferencia, Dina Cabrera, que estaba embarazada de cinco meses cuando fue herida en la masacre de Santa Cruz, apeló a las autoridades estadounidenses y salvadoreñas para que aseguren verdad, justicia y reparaciones para los sobrevivientes de las atrocidades de la guerra civil. “Yo soy testiga de las violaciones a los derechos humanos ordenados por el señor Ochoa Pérez,” dijo la señora Cabrera. “Hay muchas familias de Santa Marta quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos en esa y otras masacres.”
Los sobrevivientes salvadoreños de abusos de derechos humanos —entre ellos la masacre de Santa Cruz— han presentado decenas de demandas al sistema jurídico del país, pero los casos no progresan adecuadamente. “A pesar de los fallos favorables que ordenan la investigación de estos crímenes, hay falta de voluntad política para brindar justicia, especialmente en Fiscalía General”, dijo Mirla Carbajal, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), quien viajó a Seattle para la conferencia en la UW.
Philippe Bourgois, profesor de psiquiatría y antropología de UCLA, sobrevivió la masacre de Santa Cruz cuando hacía su investigación como estudiante de posgrado; él también participó en la conferencia. El litigio del UW CHR también cuestiona la denegación de la CIA de entregar documentos sobre Bourgois, quien argumentaba contra la asistencia militar de los EE.UU. a El Salvador durante la década de 1980. En 2014 Bourgois dio testimonio jurado a un fiscal salvadoreño que investigaba la demanda criminal contra Ochoa Pérez. “Cuando la guerra terminó, pensé que también había terminado mi momento de hablar”, dijo el Profesor Bourgois. “Pero los sobrevivientes salvadoreños siguen luchando por justicia, y es un honor poder ayudarles.”
Mina Manuchehri reflexionó sobre el impacto de su trabajo con UW CHR. “Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de El Salvador siguen luchando por averiguar qué les sucedió a sus seres queridos. Como estudiante, para mí es gratificador poder contribuir a su derecho de conocer la verdad.”
“Además de sus obligaciones legales dictadas por FOIA, el gobierno estadounidense tiene la responsabilidad moral de apoyar la causa de la verdad y la justicia en El Salvador, especialmente si se toma en cuenta el grado en que los EE.UU. ayudó a los militares salvadoreños durante la guerra civil”, dijo la directora del UW CHR, Angelina Snodgrass Godoy.